Por María Celsa Rodríguez
Los casos de venta de niños en la frontera de Bolivia con Argentina, no es algo nuevo, lleva años. Siendo la Quiaca, en su limite con Villazón, el lugar clave que se ha convertido en el centro de la investigación, ya que se presume -por el numero de casos-, que es donde la trata y el tráfico de personas, con fines de explotación laboral y sexual, estarían mas desarrollados.
De acuerdo a un informe de Unicef, “las estimaciones globales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), es de 2 millones de personas las que son víctimas de la trata humana cada año. Bolivia y Argentina han sido identificadas como países de origen, transito y destino de todas las formas de trata de personas. Las modalidades abarcan casos de secuestros de niñas, niños y adolescentes para transformarlos en verdaderos esclavos, privados de todos sus derechos, [siendo] objetos en poder de otros, que dirigen sus acciones y sus vidas, convirtiéndolos en simples mercancías con las cuales negocian y generan increíbles ganancias”.[1]
Pero este es un problema que se repite entre las fronteras de muchos países, ya que estudios resientes han señalado que los disparadores de esta problemática son múltiples: lo social, lo económico, lo políticos, los conflictos culturales y la debilidad jurídica en los países que comparten fronteras abriendo la puerta al tráfico de personas. Pero también la corrupción y la pobreza lo estimulan.
En el libro “Esclavas del poder”, Lydia Cacho dice: Los “mafiosos, políticos, militares, empresarios, industriales, líderes religiosos, banqueros, policías, jueces, sicarios y hombres comunes conforman una enorme cadena en el mapa internacional del crimen organizado que ha existido durante siglos”. Cada uno dentro de su rol, participa -siendo cómplices-, desde hacer la vista gorda hasta facilitar y fomentar el crecimiento de este negocio de la esclavitud infantil. Sin embargo “la diferencia entre los delincuentes solitarios o pequeños grupos de bandas locales y las redes criminales globalizados radica en las estrategias, los códigos y la mercadotecnias”.
Quizás esa es la pieza fuerte en este entramado que hace que los gobiernos y las fuerzas de seguridad no puedan erradicar la trata y aumente, más en países donde la seguridad fronteriza está debilitada, se carezca de personal y estructuras idóneas para combatirlo y además la justicia se encuentre politizada. Por eso, “su poder y su esencia estriban en la capacidad de corrupción que las mafias tienen para generar el poder económico y político en todas las ciudades en las que se condicionen su negocio”, dice Cacho. Con mecanismos de captación, rutas de traslados y lugares de explotación, las mafias “crean el mercado de la actividad humana, [mientras], otros lo protegen, lo promueven, lo alimentan y renuevan la demanda de la materia prima”. La disputa se centra en que un gran número de niños están indocumentados, es decir, oficialmente no existen, no han nacido, esto junto a los altos índices de pobreza, el analfabetismo de sus padres, la ausencia de escolaridad de los niños y adolescentes y la falta de organización y control por parte de los gobiernos, son un caldo de cultivo para el tráfico humano.
De acuerdo al informe de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino): esa zona “es una frontera colador, supervisada por el sistema llamado Área de Control Integrado: Gendarmería, junto al Escuadrón 21 de La Quiaca, que velan por la seguridad; AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA) controlan los equipajes y vehículos, y Migraciones controla a quienes pasan. Los empleados de Migraciones perciben salarios inferiores a los de los otros dos organismos y son, paradójicamente, los encargados de velar por los derechos de las personas”. Un problema que encienden las luces en el tablero de la falta de controles.
Si bien se carece de datos actuales, ““Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5300 pesos argentinos, es decir, unos 7000 pesos bolivianos”, aseguró Jorge Oporto Ordoñez, el ex Defensor Departamental de Potosí, en un reportaje difundido por el diario El Tribuno. Que “durante 2010 pasaron por la frontera 25 mil niños y jóvenes, de los cuales sólo retornaron 7 mil. Es decir que unos 18 mil niños y niñas bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual””[…]. Según el informe de FOPEA ““Es delicado investigar la trata, porque tiene células criminales itinerantes que fluctúan empleando los mismos recursos para cometer varios delitos. Todos se manejan en un mismo plano, de manera que no hay líderes ni referentes. La mayoría son clanes”, confía un gendarme quiaqueño que pide e insiste por su anonimato”.[2]
Pero la problemática hay que dividirla por géneros, ya que los niños son vendidos para ciertos trabajos que pueden ser las minas, o para las faenas en los campos, como así también para las plantaciones de coca. Mientras las niñas lo son para la explotación sexual, los trabajos domésticos y para trabajar en los talleres clandestinos. De acuerdo al informe de “la ONG Esclavitud Cero cuenta, -a partir de denuncias recibidas-, que niñas bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2500 dólares al año. “Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse el año de trabajo…”. Por su parte FOPEA explica que los “niños mula; adolescentes paseros o estibadores; son chicos que son llevados a trabajar a las minas del Puno peruano, donde 40 mil personas viven de la minería ilegal e informal, -según el último informe de Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional-; o llevados a pisar la hoja en los campos de coca en Cochabamba o a las plantaciones de tomate en Fraile Pintado y de tabaco en San Pedro, Jujuy; o a trabajos en talleres textiles en Buenos Aires”.[2] Quizás la mayoría de ellos no son remunerados y tan solo reciben una ración de alimento diaria y algo de ropa.
Según el informe de Unicef: “Aproximadamente 45.000 personas trabajan en la minería de oro ilegal, incluyendo unas 13.500 niños, de los cuales casi la mitad no esté remunerada. Los principales centros de actividades mineras ilegales son la región de la frontera boliviano- peruana de Suches y la región de las Yungas – sub-andino (ambos provincia de La Paz ), la provincia de Santa Cruz y la Amazonia boliviana ( provincia de Pando ). Y la minería ilegal se lleva a cabo a lo largo de los ríos Beni, Madre de Dios, Orthon, Mamoré y Madeira”.
Bolivia es el eje principal utilizado para el lavado de oro producido ilegalmente del Perú, y que es la zona entre Perú y Bolivia usado por los aviones que trafican drogas. Allí los grupos criminales que operan las minas ilegales utilizan empresas ficticias para el comercio y pueden cooperar con otros grupos del crimen organizado”.[3] Lo que hace que el negocio del tráfico humano se fagocite para su propio crecimiento, ya que la corrupción de las propias fuerzas de seguridad alertan a los criminales, impidiendo así detener el tráfico.
“La PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) le consultó a Migraciones sobre el paradero de 1060 personas desaparecidas en el 2016, y se registró que 72 presentaron pases fronterizos. Sin embargo, teniendo en cuenta la permeabilidad de éste y otros cruces fronterizos, se presume que el mayor volumen de tráfico no queda registrado”.[2]
Argentina es un país que carece de los debidos controles de sus fronteras y que en la era digital no tiene registros de la entrada y salida de personas que cotidianamente la cruzan de un lado a otro. Así el trafico hormiga hace su negocio mientras un niño vale una cifra de cuatro ceros, sabemos que en la cadena criminal,“las ganancias generadas de la trata de personas, en particular de mujeres y niños, alcanzan los 10 mil millones de dólares estadounidenses anuales”, según humanium.org.[4]. Mientras que según «la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [estima que el valor del mercado ilícito de la trata a nivel global], asciende a los 32.000 millones de dólares anuales. Todos los años, según este informe, alrededor de 600.000 a 800.000 personas son esclavizadas».[5]
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Referencias:
[1] Forma de esclavitud moderna: la trata de personas
http://www.unicef.org/bolivia/media_25195.htm
[2] Investigacion de FOPEA sobre la trata de personas. De Diego Granda
http://www.investigacionesfopea.com/trata-personas-jujuy/#23
[3] TGIATOC-OC and Illegally Mined Gold in Latin-America Report
http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/03/TGIATOC-OC-and-Illegally-Mined-Gold-in-Latin-America-Report-1718-digital.pdf
[4] http://www.humanium.org/es/trata-ninos/
[5] Trata de personas en el norte, otro flagelo en crecimiento
http://www.eltribuno.info/trata-personas-el-norte-otro-flagelo-crecimiento-n267197
